Datos de la jurisprudencia
RTF N.° 09686-13-2026
Fecha: 25/09/2026
Materia: Infracciones y sanciones – Numeral 16 del artículo 177 del Código Tributario – No facilitar el control de medios de transporte.
Problemática
Determinar si correspondía mantener la sanción impuesta a la recurrente por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 16 del artículo 177 del Código Tributario, por no permitir y/o facilitar el control del medio de transporte intervenido, cuando los datos del deudor tributario tuvieron que ser obtenidos por el Fedatario Fiscalizador mediante consultas a la SUNARP y al Registro Nacional de Transporte de Carga del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
En particular, correspondía establecer si la recurrente había cumplido con su obligación de brindar las facilidades necesarias y proporcionar la información requerida por el Fedatario Fiscalizador, considerando que el conductor intervenido no facilitó los datos necesarios para identificar al deudor tributario.
Argumentos del contribuyente
La recurrente cuestionó la resolución de multa, alegando que el acta probatoria no contenía una descripción suficiente de los hechos que sustentaban la supuesta falta de colaboración durante la intervención del vehículo.
Sostuvo que no era cierto que el conductor se hubiera negado a identificarse, puesto que el Fedatario Fiscalizador consignó sus nombres, apellidos y documento de identidad. Asimismo, reconoció que el conductor se negó a firmar el acta porque no estaba de acuerdo con la actuación del funcionario, pero señaló que no existía constancia de que se hubiera negado a recibir una copia.
Cuestionó que la Administración considerara que la consulta vehicular efectuada ante la SUNARP y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones demostraba que no se había facilitado el control del vehículo, debido a que este contaba con una Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica.
Alegó que las fotografías del vehículo estacionado, con las puertas y ventanas cerradas, no constituían prueba suficiente de la infracción, pues no habían sido mencionadas en el acta probatoria ni tuvo conocimiento de ellas para ejercer su derecho de defensa.
Asimismo, señaló que el Fedatario Fiscalizador no había precisado el lugar exacto de la intervención y que existía una contradicción en el acta probatoria, dado que se consignó que el vehículo transportaba productos y que se habían entregado las guías de remisión correspondientes.
Finalmente, cuestionó la validez de la notificación de la resolución de multa, su emisión y notificación en fechas distantes, así como la existencia de dos resoluciones de multa por el mismo periodo y código de tributo.
Fundamentos de la Administración Tributaria
La Administración sostuvo que la Resolución de Multa fue emitida por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 16 del artículo 177 del Código Tributario, sobre la base de los hechos consignados en el Acta Probatoria correspondiente a la intervención realizada el 13 de marzo de 2023.
Indicó que, durante la intervención del vehículo, el conductor se negó a identificarse, firmar y recibir una copia del acta probatoria, por lo que el Fedatario Fiscalizador tuvo que obtener los datos del deudor tributario mediante consultas a la SUNARP y al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, señaló que las fotografías del vehículo intervenido mostraban que este se encontraba estacionado con las puertas y ventanas cerradas, circunstancia que evidenciaba que no se había permitido ni facilitado su control.
Argumentó que el acta probatoria constituía un documento público que gozaba de presunción de veracidad y que no se había presentado ningún medio probatorio que desvirtuara los hechos constatados por el Fedatario Fiscalizador.
Respecto de los cuestionamientos a la notificación, sostuvo que el cargo cumplía con los requisitos previstos en el artículo 104 del Código Tributario. Además, precisó que la existencia de una segunda resolución de multa no generaba duplicidad, debido a que dicho valor había sido revertido y no había sido notificado.
Finalmente, señaló que el plazo transcurrido entre la emisión y la notificación de la resolución de multa no afectaba su validez, puesto que el artículo 104 del Código Tributario no establece la nulidad del acto por el solo incumplimiento de dicho plazo.
Criterio adoptado por el Tribunal Fiscal
El Tribunal Fiscal señaló que, conforme al numeral 16 del artículo 177 del Código Tributario, constituye infracción no permitir y/o facilitar la inspección o el control de los medios de transporte.
Asimismo, precisó que el artículo 12 del Reglamento del Fedatario Fiscalizador establece que los administrados tienen la obligación de brindar las facilidades necesarias y proporcionar la información que les solicite dicho funcionario para el cumplimiento de sus funciones, incluyendo la exhibición de documentos que permitan identificar al deudor tributario y al medio de transporte intervenido.
En el caso concreto, verificó que los datos del deudor tributario tuvieron que ser obtenidos mediante consultas a la SUNARP y al Registro Nacional de Transporte de Carga del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, debido a que el conductor no facilitó dicha información.
En ese sentido, determinó que la recurrente no permitió ni facilitó el control del medio de transporte, al no proporcionar los datos necesarios para identificar al deudor tributario, pese a encontrarse obligada a brindar las facilidades correspondientes.
Asimismo, precisó que el hecho de que el vehículo contara con una Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica no eximía a la recurrente de su obligación de exhibir los documentos correspondientes, ya fuera en formato digital o impreso. Las consultas efectuadas por el Fedatario Fiscalizador a las plataformas de la SUNARP y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones podían realizarse adicionalmente para corroborar la información proporcionada.
Respecto de la entrega de guías de remisión y de la información sobre los productos transportados, señaló que dicha circunstancia no desvirtuaba la infracción, pues la entrega de determinada documentación no implicaba el cumplimiento de todas las obligaciones de colaboración, entre ellas, la exhibición de documentos que permitieran identificar al deudor tributario.
También estableció que el acta probatoria constituía un documento público que gozaba de presunción de veracidad, conforme al artículo 165 del Código Tributario, y que la recurrente no había presentado medios probatorios que desvirtuaran los hechos constatados.
En cuanto a la sanción, verificó que el 0,6 % de los ingresos netos del ejercicio anterior ascendía a S/ 144 402,00, importe que superaba el límite máximo de 25 UIT aplicable en el ejercicio 2023 (S/ 123 750,00). Por ello, consideró correcta la multa determinada sobre este último importe.
Finalmente, respecto de los cuestionamientos sobre la notificación y la existencia de dos resoluciones de multa, concluyó que la notificación cumplió con los requisitos legales y que la segunda resolución había sido revertida sin ser notificada, por lo que no produjo efectos jurídicos.
En consecuencia, el Tribunal Fiscal confirmó la resolución apelada, que había declarado infundada la reclamación formulada contra la resolución de multa.
Síntesis del criterio
La comisión de la infracción tipificada en el numeral 16 del artículo 177 del Código Tributario no se limita a impedir materialmente la inspección de un medio de transporte, sino que también comprende el incumplimiento de la obligación de brindar las facilidades y proporcionar la información necesaria para que el Fedatario Fiscalizador ejerza sus funciones.
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Fuente: Staff de Contadores 360°.
Fecha: 20/11/2026.

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