Datos de la jurisprudencia

  • RTF N.° 09577-2-2026
  • Fecha: 23 de setiembre de 2026.
  • Materia: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas y multas tributarias.

Problemática

Determinar si la Administración Tributaria se encontraba facultada para determinar ingresos omitidos sobre base presunta, conforme al artículo 70 del Código Tributario, al identificar diferencias entre los pasivos registrados por una empresa operadora de consorcios y aquellos determinados durante la fiscalización, así como establecer si los reparos formulados por gastos de personal, diferencias de ingresos e intereses por préstamos concedidos se encontraban debidamente sustentados.

Argumentos del contribuyente

– La recurrente sostiene que las diferencias identificadas por la Administración entre los gastos por sueldos y salarios registrados en el Libro Mayor y los importes declarados en el PDT PLAME no constituían gastos inexistentes ni indebidamente deducidos, sino que respondían a la particularidad de sus operaciones como integrante y operador de consorcios.

– Señala que, en los consorcios sin contabilidad independiente, correspondía atribuir los gastos a cada partícipe según su porcentaje de participación. Asimismo, precisa que los importes registrados en sus cuentas contables comprendían conceptos remunerativos propios del régimen de construcción civil, como jornales básicos, dominicales, vacaciones, bonificaciones, movilidad, gratificaciones y otros beneficios laborales, que no fueron considerados íntegramente por la Administración al efectuar su comparación.

– Respecto de la determinación sobre base presunta, cuestiona que la Administración hubiera identificado pasivos falsos en la Cuenta 469900 – Cuentas por pagar a consorciados, pues considera que la reconstrucción contable efectuada omitió ingresos atribuidos a uno de los consorcios y un pago realizado mediante cheque por S/ 29 320,68.

– Afirma que los ingresos atribuidos a los consorciados ascendían a S/ 1 372 485,12 y no a S/ 1 274 909,40, como había determinado la Administración. Sostiene que, al incorporar los importes omitidos y considerar el pago efectuado mediante cheque, desaparecía la diferencia de S/ 68 254,39 observada por SUNAT, por lo que no existían pasivos falsos que justificaran la determinación sobre base presunta.

– En relación con los ingresos provenientes del Gobierno Regional de Tumbes, sostiene que la Administración incluyó indebidamente ingresos correspondientes a valorizaciones de obras ejecutadas y devengadas durante el ejercicio 2016, cuyos comprobantes fueron posteriormente anulados y emitidos nuevamente en 2017 a solicitud de la entidad contratante.

– En ese sentido, argumenta que S/ 461 864,14 correspondían a ingresos del ejercicio anterior, por lo que no debían considerarse nuevamente en la determinación del Impuesto a la Renta del ejercicio 2017.

Fundamentos de la Administración Tributaria

– La Administración señala que, como resultado de la fiscalización del Impuesto a la Renta y del IGV del ejercicio 2017, identificó diferencias entre los saldos contables declarados por la recurrente y aquellos determinados a partir del análisis de sus libros, registros y documentación sustentatoria.

– Respecto de la Cuenta 469900 – Cuentas por pagar a consorciados, determinó que la recurrente había declarado obligaciones por S/ 401 725,00, cuando el pasivo exigible, según su reconstrucción contable, ascendía únicamente a S/ 333 470,61, estableciendo una diferencia de S/ 68 254,39.

– Consideró que dicha diferencia constituía un pasivo falso o inexistente, que incrementaba el patrimonio real de la recurrente y configuraba las causales previstas en los numerales 2 y 4 del artículo 64 del Código Tributario, habilitando la determinación sobre base presunta.

– En aplicación del artículo 70 del Código Tributario, determinó ingresos omitidos por S/ 230 207,56, mediante la aplicación de un coeficiente de 3,37 sobre la diferencia patrimonial identificada, distribuyendo posteriormente dichos ingresos entre los periodos fiscalizados.

– En cuanto a los gastos por sueldos y salarios, identificó diferencias por S/ 432 883,90 entre los importes registrados en el Libro Mayor y aquellos declarados en el PDT 601, considerando que la recurrente no había sustentado suficientemente la totalidad de los gastos contabilizados.

– Asimismo, formuló reparos por diferencias entre los ingresos registrados y los comprobantes emitidos al Gobierno Regional de Tumbes, así como por intereses derivados de préstamos concedidos.

– Finalmente, aplicó la tasa adicional del 5 % del Impuesto a la Renta sobre los reparos determinados, al considerar que constituían disposiciones indirectas de renta no susceptibles de posterior control tributario, y emitió las correspondientes resoluciones de multa por la infracción prevista en el numeral 1 del artículo 178 del Código Tributario.

Criterio adoptado por el Tribunal Fiscal

– Sobre la determinación de ingresos omitidos por pasivos falsos: El Tribunal Fiscal señala que, conforme a los numerales 2 y 4 del artículo 64 del Código Tributario, la Administración puede determinar obligaciones tributarias sobre base presunta cuando existan dudas sobre la veracidad de la información declarada o se identifiquen pasivos falsos o inexistentes. Para acreditar la existencia de una obligación al cierre del ejercicio, no basta con su registro contable, sino que deben presentarse documentos que demuestren la realidad de la operación y que la deuda permanecía pendiente de pago.

– Al evaluar la Cuenta 469900, el Tribunal concluyó que la recurrente no acreditó documentalmente el mayor importe de ingresos atribuidos a sus consorciados ni el cobro efectivo del cheque por S/ 29 320,68. En particular, advirtió que no se presentó una conciliación que individualizara las facturas supuestamente omitidas por SUNAT, ni documentación bancaria que demostrara el desembolso alegado.

– En consecuencia, confirmó que la diferencia patrimonial de S/ 68 254,39 configuraba los supuestos previstos en los numerales 2 y 4 del artículo 64 del Código Tributario, y que la determinación de ingresos omitidos por S/ 230 207,56, efectuada conforme a los artículos 65-A y 70 del mismo código, se encontraba arreglada a ley.

– Sobre la deducibilidad de los gastos por sueldos y salarios: El Tribunal Fiscal advierte que la Administración efectuó una comparación incompleta entre las provisiones contables y la información declarada en el PDT PLAME, debido a que consideró únicamente la columna de ingresos del Reporte R2, excluyendo conceptos como bonificaciones, gratificaciones, aguinaldos y otros beneficios laborales, sin justificar por qué estos no podían ser considerados gastos deducibles.

– Asimismo, verificó que la recurrente actuaba como operador tributario de consorcios sin contabilidad independiente, por lo que debía centralizar los gastos laborales y posteriormente atribuirlos a los consorciados según sus porcentajes de participación contractual, equivalentes al 87 % y 95 %, respectivamente.

– A partir de la revisión de la documentación, constató que los ingresos laborales declarados en el PDT PLAME durante 2017 ascendían a S/ 3 389 935,22, mientras que los gastos registrados en el Libro Mayor sumaban S/ 2 744 838,80, importe que se encontraba dentro de los límites proporcionales correspondientes a la participación contractual de la recurrente.

– En ese sentido, estableció que la sola discrepancia numérica entre la información declarada en la planilla electrónica y las provisiones contables no acredita la inexistencia de un gasto, especialmente cuando la Administración no explica las razones por las cuales determinados conceptos laborales deben excluirse de la comparación. Por tanto, revocó la resolución apelada y levantó el reparo por S/ 432 883,90.

– Sobre el devengo de ingresos por contratos de construcción: El Tribunal recuerda que, conforme al artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta aplicable al ejercicio fiscalizado, los ingresos de tercera categoría deben reconocerse en el ejercicio en que se devenguen, considerando la producción de los hechos sustanciales que generan el derecho a percibirlos.

– Sin embargo, confirmó el reparo por ingresos omitidos de S/ 400 570,64 vinculados con las operaciones realizadas con el Gobierno Regional de Tumbes, debido a que la recurrente no sustentó oportunamente que determinadas valorizaciones correspondían al ejercicio 2016. Asimismo, precisó que los documentos presentados recién en apelación no podían valorarse respecto del valor que contenía deuda tributaria, al no cumplirse las condiciones previstas en el artículo 148 del Código Tributario.

– Sobre la aplicación de la tasa adicional del 5 % del Impuesto a la Renta: El Tribunal Fiscal establece que no corresponde aplicar dicha tasa sobre ingresos omitidos determinados mediante procedimientos de presunción, puesto que ello supondría sustentar una presunción de distribución indirecta de rentas en otra presunción previamente establecida.

– En aplicación de los criterios recogidos en las RTF N.° 06511-1-2010 y N.° 16108-2-2013, revocó la aplicación de la tasa adicional del 5 % sobre los ingresos determinados mediante el artículo 70 del Código Tributario. Asimismo, dejó sin efecto su aplicación sobre el reparo por sueldos y salarios, debido a que este había sido levantado.

– Por el contrario, confirmó la aplicación de dicha tasa sobre los reparos por diferencias de ingresos entre el Registro de Ventas y el Libro Mayor, así como por intereses derivados de préstamos concedidos, al haberse mantenido dichos reparos por ingresos no declarados.

– Sobre las resoluciones de multa: El Tribunal confirmó las sanciones vinculadas con los reparos mantenidos y dispuso la reliquidación de la multa correspondiente al Impuesto a la Renta del ejercicio 2017, debido al levantamiento del reparo por gastos de sueldos y salarios. Asimismo, aplicó el precedente de observancia obligatoria contenido en la RTF N.° 04170-1-2011 para examinar las multas vinculadas con resoluciones de determinación que no habían sido impugnadas.

– Finalmente, revocó parcialmente la resolución apelada respecto del reparo por gastos de sueldos y salarios, la multa vinculada y la tasa adicional del 5 % aplicada sobre dicho reparo y sobre los ingresos determinados mediante presunción; confirmándola en los demás extremos.

Síntesis del criterio

La existencia de diferencias entre los pasivos registrados por un contribuyente y aquellos determinados por la Administración Tributaria puede justificar una determinación sobre base presunta, siempre que se acredite la configuración de alguna de las causales previstas en el artículo 64 del Código Tributario. En particular, tratándose de obligaciones con consorciados, resulta necesario sustentar documentalmente la atribución de ingresos, las compensaciones efectuadas y la existencia de las deudas pendientes al cierre del ejercicio.

Por otro lado, las diferencias entre los importes registrados en el Libro Mayor y aquellos declarados en el PDT PLAME no constituyen, por sí solas, fundamento suficiente para desconocer la deducibilidad de los gastos laborales. La Administración debe considerar la totalidad de los conceptos remunerativos declarados, las particularidades de la actividad empresarial y, tratándose de consorcios sin contabilidad independiente, los porcentajes de participación contractual que determinan la atribución de costos y gastos.