1. Datos generales

  • Proyecto: Proposición de Ley que modifica la Ley N.° 29245, Ley que regula los servicios de tercerización, a fin de garantizar la igualdad salarial, los derechos colectivos y la seguridad y salud de los trabajadores tercerizados. 

  • Materia: Tercerización laboral.

  • Objeto: Modificar la regulación de la tercerización laboral para establecer garantías de igualdad salarial y de condiciones de trabajo, fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos y ampliar las obligaciones de las empresas principal y tercerizadora en materia de seguridad y salud en el trabajo.

2. Objeto de la propuesta

La iniciativa legislativa tiene por objeto establecer mayores garantías para los trabajadores que prestan servicios bajo el régimen de tercerización laboral, mediante la modificación de la Ley N.° 29245. Para ello, plantea regular los alcances de esta modalidad de contratación, reforzar los requisitos que deben cumplir las empresas tercerizadoras y establecer mecanismos de protección frente a posibles situaciones de discriminación, afectación de derechos colectivos y riesgos laborales.

Entre sus principales medidas, propone reconocer el derecho de los trabajadores tercerizados a percibir la misma remuneración y acceder a condiciones de trabajo equivalentes a las de los trabajadores directos de la empresa principal, cuando realicen funciones idénticas o equivalentes en el mismo centro de trabajo o unidad productiva. Asimismo, busca fortalecer la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Adicionalmente, plantea incorporar disposiciones específicas sobre libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga, así como establecer medidas de prevención y protección frente a riesgos laborales, represalias y actos de hostilidad. De esta manera, la propuesta busca que la contratación mediante tercerización no limite el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

3. Modificaciones propuestas

3.1. Modificación de los artículos 1 y 2 de la Ley N.° 29245

Se propone modificar las disposiciones referidas al objeto y definición de la tercerización laboral, incorporando precisiones sobre sus requisitos, alcances y límites.

Entre los principales cambios planteados se encuentran los siguientes:

  • Actividades comprendidas: la tercerización se limitaría a la contratación de empresas para desarrollar actividades especializadas u obras, siempre que estas sean asumidas por su cuenta y riesgo, cuenten con recursos financieros, técnicos o materiales propios y mantengan la exclusiva subordinación de sus trabajadores.

  • Autonomía empresarial: se establece que la empresa principal no podrá vaciar el poder de decisión empresarial de la tercerizadora, pues ello constituiría una situación de fraude.

  • Prohibición de la simple provisión de personal: se mantiene que la sola provisión de trabajadores no constituye tercerización y se encuentra sujeta a las normas de intermediación laboral.

  • Actividades especializadas y obras: se incorporan definiciones para precisar que las primeras requieren conocimientos técnicos, científicos o particularmente calificados, mientras que las segundas corresponden a encargos concretos vinculados con la actividad principal de la empresa principal.

  • Actividades principales: se consideran como tales las que son consustanciales al giro del negocio, incluyendo las distintas etapas del proceso productivo y de prestación de servicios, desde la exploración y explotación hasta la comercialización y administración.

Asimismo, se precisa que la aplicación de la tercerización no debe restringir el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

3.2. Incorporación del artículo 10: igualdad salarial, condiciones de trabajo y protección contra represalias

La propuesta incorpora disposiciones destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores tercerizados y trabajadores directos de la empresa principal.

Entre las medidas planteadas destacan:

  • Igualdad salarial y de condiciones de trabajo: los trabajadores tercerizados que realicen funciones idénticas o equivalentes a las de los trabajadores directos, en el mismo centro de trabajo o unidad productiva, tendrían derecho a percibir la misma remuneración y gozar de las mismas condiciones laborales.

  • Responsabilidad solidaria: la empresa principal y la tercerizadora compartirían responsabilidad respecto del pago de remuneraciones, utilidades, beneficios sociales, estabilidad laboral, seguridad y salud en el trabajo, y protección frente a actos de discriminación.

  • Protección contra represalias: se prohíben los actos de hostilidad o medidas represivas contra trabajadores que presenten denuncias ante la Autoridad Administrativa de Trabajo o demandas judiciales. Además, se presume que el despido o la no renovación contractual dentro de los 90 días posteriores a la presentación de una queja o denuncia constituye una represalia, salvo que el empleador demuestre una causa justa.

  • Carga de la prueba: en procesos judiciales por trato desigual o discriminación salarial, correspondería a la empresa principal acreditar que las labores no eran equivalentes o que la diferencia remunerativa responde a criterios objetivos, razonables y proporcionales.

  • Continuidad laboral: si al concluir el contrato entre la empresa principal y la tercerizadora las actividades continúan mediante otra contratista o son internalizadas, los trabajadores tendrían un derecho preferente de transferencia y continuidad laboral, bajo condiciones no menos favorables que las anteriores, salvo causa justificada relacionada con su conducta o capacidad.

3.3. Incorporación del artículo 11: derechos colectivos de los trabajadores tercerizados

Se propone establecer garantías específicas para el ejercicio de los derechos colectivos de los trabajadores tercerizados, comprendiendo los siguientes aspectos:

  • Libertad sindical: se considera infracción muy grave la adopción de medidas de hostilidad, traslados o despidos motivados por actividades de afiliación o representación sindical. Asimismo, se plantea presumir una represalia antisindical cuando el contrato comercial se resuelva injustificadamente luego de iniciada una campaña de organización sindical o negociación colectiva, salvo prueba en contrario.

  • Negociación colectiva: las empresas principal y tercerizadora estarían obligadas a participar conjuntamente en los procesos de negociación colectiva promovidos por los sindicatos de trabajadores tercerizados, respecto de las condiciones laborales que la empresa principal controle o determine directa o indirectamente.

  • Derecho de huelga: se reconoce a los trabajadores tercerizados el ejercicio de este derecho en los ámbitos de la unidad productiva de la empresa principal. Además, se prohíbe reemplazar a los trabajadores huelguistas, bajo sanción de desnaturalización inmediata de la tercerización.

3.4. Incorporación del artículo 12: seguridad y salud en el trabajo

La iniciativa plantea fortalecer las obligaciones de prevención y protección de los trabajadores tercerizados frente a los riesgos laborales. Para ello, establece las siguientes medidas:

  • Comunicación de riesgos: los trabajadores podrán reportar y denunciar riesgos para su integridad física o mental ante su sindicato, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa principal y la SUNAFIL, sin ser objeto de despidos, no renovaciones o sanciones.

  • Responsabilidad solidaria: ambas empresas compartirían la obligación de prevención prevista en la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La empresa principal deberá entregar, antes del inicio de las actividades, la matriz IPERC específica del área donde laborarán los trabajadores.

  • Equipos de protección personal: la empresa principal deberá proporcionar los equipos de protección colectivos e individuales necesarios, salvo pacto escrito mediante el cual la tercerizadora asuma dicha obligación. En este último supuesto, la empresa principal deberá auditar y certificar el cumplimiento de los estándares de seguridad.

  • Participación de los trabajadores: los representantes de los trabajadores de la tercerizadora participarían en el diseño e implementación del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo del centro de labores.

  • Actividades de alto riesgo: se restringe el uso de la tercerización en actividades declaradas de alto riesgo o cubiertas por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), cuando no exista una estricta especialización técnica e inversión de capital propio de la contratista. Además, se plantea exigir que los trabajadores de estas empresas estén registrados en planilla electrónica bajo contratos de duración indeterminada.

  • Prevención de riesgos psicosociales: ambas empresas deberán diseñar e implementar coordinadamente protocolos y capacitaciones obligatorias para prevenir el acoso sexual laboral, la violencia de género y la fatiga laboral.