El fortalecimiento de las herramientas penales contra el fraude fiscal da un nuevo paso con la entrada en vigor del Decreto Legislativo N.° 1716, norma que amplía de manera sustancial las conductas consideradas delito dentro del sistema tributario peruano. El cambio apunta directamente a prácticas vinculadas al uso indebido de información fiscal en un entorno dominado por la digitalización y la facturación electrónica.
De acuerdo con lo informado por la Sunat, la norma incorpora sanciones penales más rigurosas para quienes manipulen, falsifiquen o utilicen información tributaria con fines ilícitos, estableciendo penas que, en los casos más graves, pueden alcanzar hasta ocho años de privación de la libertad. Con ello, se busca desarticular esquemas que no solo afectan la recaudación, sino que también generan ventajas indebidas en el mercado.
Un aspecto central de la reforma es la de la tipificación como delito de la entrega de datos falsos en el Registro Único de Contribuyentes cuando esta tenga como finalidad habilitar la emisión de comprobantes electrónicos. Esta conducta, que antes no estaba claramente tipificada, pasa ahora a ser sancionada con penas de entre dos y cinco años de prisión, cerrando espacios al uso fraudulento del sistema de facturación electrónica.
El sistema de detracciones también es objeto de un tratamiento más severo. La nueva regulación establece penas de cinco a ocho años de cárcel para quienes falsifiquen o adulteren constancias de depósito empleadas para sustentar el traslado de bienes, reduciendo así la circulación de documentos apócrifos dentro de la cadena comercial.
En paralelo, la norma introduce ajustes procedimentales que facilitan la persecución penal de estos ilícitos. En adelante, un informe de hechos sustentado en la información recabada por la Sunat será suficiente para acreditar la existencia del delito, simplificando la labor probatoria y agilizando la intervención del sistema de justicia.
Desde la administración tributaria, se ha destacado que estas modificaciones responden a la transformación del modelo de control fiscal, en el que los comprobantes electrónicos han reemplazado casi por completo a los soportes físicos. La actualización normativa permite, así, adecuar el derecho penal tributario a una realidad tecnológica distinta, reforzando los mecanismos de fiscalización y control.
En conjunto, las nuevas disposiciones buscan proteger la integridad del sistema tributario, garantizar condiciones de competencia equitativas y consolidar el proceso de modernización de la administración aduanera y tributaria del país.
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