El Poder Ejecutivo plantea un paquete de medidas para reducir las barreras económicas, administrativas y tecnológicas que dificultan la formalización de las micro y pequeñas empresas (MYPE), como parte del pedido de facultades legislativas presentado al Congreso.
La propuesta contempla modificar la Ley N.° 32353, Ley para la Formalización, Desarrollo y Competitividad de la Micro y Pequeña Empresa, con medidas orientadas a reducir costos, simplificar procedimientos y ampliar el uso de herramientas digitales para constituir y administrar empresas.
Gratuidad de determinados servicios de formalización
Una de las principales medidas consiste en promover la gratuidad de determinados servicios vinculados con la formalización de las MYPE, con el objetivo de reducir las barreras económicas que enfrentan los pequeños negocios para incorporarse y permanecer en la economía formal.
El Ejecutivo plantea que la formalización no se limite a reducir costos, sino que permita a las empresas acceder a beneficios concretos como financiamiento, compras públicas, innovación, digitalización, asistencia empresarial y nuevos mercados.
Constitución de empresas en línea
La propuesta también contempla simplificar los procedimientos para constituir una MYPE y ampliar la utilización de plataformas digitales.
El objetivo es reducir los tiempos y cargas administrativas asociados con la creación de empresas, de manera que el proceso de formalización pueda realizarse de forma más rápida y sencilla.
Además, se plantea que las microempresas con un capital menor a 4 UIT puedan utilizar este procedimiento para constituirse bajo otras formas societarias, conforme a las disposiciones de la Ley N.° 32353.
SACS: el régimen simplificado que busca ser modernizado
Uno de los principales mecanismos que el Ejecutivo busca modificar es la Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS).
Actualmente, constituir una SACS tiene un costo de S/ 18,70 y no requiere la intervención de un notario. Sin embargo, su utilización ha sido limitada: entre 2021 y diciembre de 2024 se registraron 5.298 sociedades bajo este régimen, frente a más de 770.000 empresas constituidas bajo otros regímenes societarios durante el mismo periodo.
Para el Gobierno, estas cifras evidencian que reducir el costo de constitución no resulta suficiente cuando permanecen otras barreras tecnológicas y administrativas.
Modernización de la Ley General de Sociedades
El paquete también contempla modificar la Ley General de Sociedades, vigente desde 1997, para adecuarla al desarrollo de las nuevas tecnologías.
Entre las medidas propuestas se encuentra permitir publicaciones electrónicas en el portal web habilitado por El Peruano, así como regular el voto a distancia mediante medios electrónicos.
También se plantea facilitar la realización de juntas de accionistas y sesiones de directorio de manera no presencial o telemática, además del uso de formatos electrónicos con firma digital para determinados libros societarios.
Formalización vinculada con financiamiento y acceso a mercados
El Ejecutivo busca que la formalización genere beneficios económicos para las MYPE, por lo que propone facilitar su acceso a compras públicas, digitalización, innovación, transformación digital y mecanismos de asociatividad.
Asimismo, se plantea ampliar las alternativas de financiamiento mediante empresas financieras tecnológicas o fintech, utilizando herramientas digitales para evaluar potenciales clientes y reducir costos de transacción.
La propuesta también contempla fortalecer el marco regulatorio del factoring, considerando su importancia como fuente de capital de trabajo para las MYPE.
La informalidad también afecta al empleo
El problema también se refleja en las condiciones laborales.
De acuerdo con la información de PRODUCE citada en el diagnóstico, el 82,3 % del empleo generado por las MYPE era informal en 2024.
La proporción alcanzó el 89,7 % en las microempresas y el 48,1 % en las pequeñas empresas.
Para el Ejecutivo, estas cifras evidencian que las políticas aplicadas hasta ahora no han generado incentivos suficientes para que las unidades productivas preexistentes se formalicen y permanezcan dentro del sistema formal.
La propuesta aún no se encuentra vigente. Forma parte del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso, por lo que su eventual implementación dependerá de la aprobación de las facultades y de los decretos legislativos que posteriormente pudiera emitir el Gobierno.
Fuente: Staff de Contadores 360
Fecha: 02/09/2026
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